Comportamiento de la Vivienda Social en una Situación de Catástrofe

Comportamiento de la Vivienda Social en situación de Catastrofe: Usura y abuso de un mercado perverso.

Pablo Loyola, Especialista en Planificación Urbana.

Claudio Guerra, Estudiante de Arquitectura Unap.

La precarización de la vivienda social y estandarización de la vida en los barrios y sectores vulnerables como resultado de las políticas habitacionales desarrolladas en el modelo económico neoliberal y su comportamiento frente a una situación de catástrofe reciente en la experiencia de evaluación en Alto Hospicio y Valparaíso.

¿Cómo se desarrollan los proyectos inmobiliarios y la Vivienda Social en Chile y de qué manera se comporta ésta ante una situación de Catástrofe?

La política habitacional en Chile está enfocada en entregar una solución de carácter cuantitativo, a fin de reducir la cantidad de tomas ilegales, y que las familias salgan de los campamentos; ergo, las estadísticas se modifican y la gente ya no vive bajo el límite de la pobreza.

Esta afirmación implica uno de los planteamientos fundamentales que determinan la forma en que se desarrolla la vivienda social hoy en día y como se construyen los barrios para las familias más vulnerables, constituyéndose como prioridad construir para más familias que planificar de manera digna el espacio que éstas habitarán. Siendo una de las premisas fundamentales incentivadas por las políticas habitaciones desarrolladas por el Estado actual y lo que ha condicionado la construcción desde la instauración del modelo económico en cuestión; entonces, para el Estado Neoliberal, la vivienda es un problema cuantitativo, y no de Calidad.

En la experiencia obtenida posterior al Terremoto que afecto recientemente el norte de nuestro país y el incendio que arrasó con casi 3.000 viviendas en Valparaíso, hemos podido constatar un importante contraste en cuanto al estado en que quedaron las viviendas en los barrios más vulnerables, la respuesta es lógica, la vivienda social posee carencias significativas en cuanto a la calidad de los materiales, la ejecución y el resultado de una vivienda de espacialidad mínima e indigna.

Chile es el país más desarrollado de América Latina según el PNUD con un Índice de Desarrollo Humano de 0,819 (el cual mide niveles de educación, salud e ingresos), cuenta con el PIB per cápita más alto de la región llegando a casi los 10,5 millones de pesos promedio anual del 2013. Estos datos no resisten el 11% de población bajo la línea de la pobreza ni menos las 27 mil familias repartidas en los 657 campamentos a nivel nacional. El mismo cuestionamiento ha realizado la OCDE y donde la respuesta del actual gobierno es una reforma tributaria a la gran empresa donde se aumentara en un 13% el precio de las propiedades por sobre las 2000 uf cuestión que a nuestro juicio arrastrará a las viviendas de menor valor por un proceso conocido como “Gentrificación” (alza del valor de las propiedades por el aumento sostenido del mercado con mayor nivel de ingreso). Ahora bien, el último catastro de campamentos a nivel nacional comprende a 657 campamentos, 27mil familias y aproximadamente 83mil personas distribuidas a lo largo de todo el país, viviendo en condiciones de extrema pobreza donde la inundación, los derrumbes, la acumulación de basura, el agua contaminada, el tendido eléctrico de alta tensión, la contaminación ambiental, son algunas de las situaciones con las que lidian los pobladores diariamente en estas áreas y donde la presencia institucional es prácticamente nula.

Emplazados en la ciudad de Iquique y Alto Hospicio, campamentos como Laguna Verde, Naciones Unidas, Esperanza II y Ex vertedero son algunos de los lugares donde se ha luchado históricamente por soluciones habitacionales dignas, pero que hoy, producto de la catástrofe toman carácter de urgentes. Por otro lado la comuna de Valparaíso presenta la mayor cantidad de campamentos a nivel nacional y donde sectores como Ramaditas, Las Cañas y el Litre fueron foco del desastre y que hoy se ven postergadas. En Chile lo urgente tiene cara de una mediocridad sistémica y asistencialista sin proyección, sin un acompañamiento por parte del estado, sin una fiscalización apropiada al mercado inmobiliario, sin una sanción por responsabilidad, sin una política de prevención ni siquiera una planificación real en casos de catástrofes. La entrega de soluciones precarias, la construcción en áreas vulnerables, la escasez de tierra vacante y la inversión en remodelación del centro de la ciudad incrementan los rasgos de segregación y estigmatización en las áreas urbanas.

Para comprender el fenómeno de precariedad en las viviendas es necesario entender la profunda liberalización del mercado inmobiliario resultado de la intervención urbana desarrollada por la escuela de chicago en Chile, poniendo énfasis en la propiedad, el endeudamiento y regularización de uso de suelo. El mercado inmobiliario actual, regula el uso influyendo directamente en las políticas de transformación de actividades, también ejerce una presión adicional al especular con la propiedad y el acceso a la tierra. El gobierno se ha convertido en un intermediario lucrativo entre el damnificado y el propietario, la especulación es posible observarla lamentablemente tanto en el incendio en Valparaíso como en el terremoto de Iquique donde el alza arbitraria de arriendos ya triplica el valor inicial, lo cual no aporta a la solución de la problemática.

Alto Hospicio

Voy a agarrar la picota y la pala pa' cavar, con los hijos de a mi lado pa' construir un hogar, los aliens se arrancaron yo sigo bailando igual, el viento y la camanchaca jamás nos pudo votar, tampoco fueron los pacos y ninguna autoridad.

Así parte una canción de Juana Fe que expresa la vida, la dignidad y el trabajo de millones de compatriotas que se han quedado en tierras nortinas pero que hoy son postergados y privados de una vida digna.

Partimos al día siguiente del terremoto a visitar los sectores más dañados, y desarrollar un catastro general sobre la situación. Los medios ofrecían una cifra no menor; la comuna de Alto Hospicio era la más afectada; siendo 11.400 familias las damnificadas según informe entregado por los organismos gubernamentales, de un total aproximado de 22.000 en la Región, y cerca de 2.300 casas con daños estructurales o declaradas inhabitables.

La comuna de Alto Hospicio, en proyección de Censo de 2010, cuenta con alrededor de 89.170 habitantes y una cantidad aproximada de 23.000 viviendas, siendo más del 90% de ellas correspondientes a viviendas sociales, en distintas modalidades de entrega, tanto por subsidios entregados directamente por SERVIU, como gestionadas por privados, junto con ello la dependencia que tiene con la ciudad de Iquique debido a la baja cantidad de empleos, es otro de los factores que implican la situación compleja en la que se encuentra la comuna, y que permiten prever de algún modo la forma en que afecta una catástrofe.

En los días siguientes al Terremoto tuvimos la oportunidad de evaluar el estado de las viviendas, específicamente en el sector conocido como La Negra, población Santa Rosa, al Nor-Oriente de Alto Hospicio. La mayor parte de la población fuera de sus casas, conformando alrededor de 7 campamentos sólo en dicho sector, siendo dos de los más emblemáticos el Campamento construido en la plaza sur y las viviendas del barrio Mujeres Emprendedoras.

Algunas de las conclusiones que pudimos sacar de la evaluación de las viviendas están relacionadas al factor común, la mayor parte de estas son viviendas construidas con subsidio Serviu, y el Segundo, el 80% de los casos de derrumbes en construcciones, fueron en ampliaciones las cuales no cuentan con ningún tipo de respuesta u opción de reparación ya que nadie se hace responsable más que los propietarios, aunque nos faltó recordar que a través de la conocida como Ley del Mono, muchas de estas ampliaciones pueden reconocerse como legítimas y que el Estado aun permite que las personas construyan a riesgo propio.

En el primea instancia, la vivienda SERVIU, que constituye la mayor parte de los casos, presentó un problema de ejecución, las viviendas correspondientes a un sistema constructivo de Albañilería Armada, sufrieron daños en muros estructurantes, en los cuales se desvincularon los bloques que los conformaban como unidades debido a falla en el Mortero de junta, es decir cada bloque del muro se encuentra suelto e independiente de la totalidad. Para este caso entendimos que el nivel de daño en la vivienda responde a que durante el proceso de ejecución no se llevó a cabo una dosificación adecuada del mortero, y que no existió la fiscalización necesaria de parte del Serviu, que es el organismo al que le debiese competer dicha función. Otro de los casos más importantes, en las viviendas construidas en Albañilería confinada, éstas habían sido en su totalidad ejecutadas por una constructora privada, la cual por entrar en el juego del Mercado y ser parte de esta competencia, reduce los costos del material y desarrolla el espacio al mínimo; las viviendas de Albañilería confinada en ninguno de los casos evaluados estaban confinadas en la totalidad de los encuentros y aberturas de vanos como lo indica expresamente la Ley general de Urbanismo y Construcción en su Norma NCh. 2123 Of 1997 – 2003, la cual especifica que deberán disponerse pilares de Hormigón Armado en todos los bordes abiertos, no cumpliéndose en la gran mayoría de los casos de viviendas dañadas al menos en el Centro de Alto Hospicio.

Finalmente, lo relativo a la ampliación de la vivienda, el 87% de los casos que pudimos evaluar con este problema, correspondía a Autoconstrucción, la cual no poseía ningún tipo de revisión, permiso de edificación, y por ende ningún tipo de fiscalización nuevamente. Ahora, bien podría afirmarse que las personas “propietarios” que construyen, tienen la responsabilidad absoluta sobre esto, ya que son quienes ejecutaron dichas ampliaciones, pero ¿es realmente una obligación para ellos asesorarse para ejecutar una obra de construcción? Definitivamente no. Para la legislación vigente, solo puede autorizarse la ejecución de obras revisadas por un profesional competente, esto implica que sólo los Arquitectos o Ingenieros en Construcción, poseen dicha competencia ante los organismos del Estado, y por tanto quien no tiene los recursos para pagar los honorarios de dicho profesional, no pueden acceder a la autorización de la Dirección de Obras Municipales, esto con la salvedad de algunas normativas como la jamás olvidada Ley del Mono, que con el Terremoto reciente, ha vuelto a mencionarse en las Direcciones de obras Municipales, en conclusión, el Estado no es garante de la dignidad en la vivienda y permite que las personas se hagan responsables de la construcción de sus viviendas sin la experiencia ni la competencia técnica necesaria para ello, generando un riesgo no menor para sus familias y haciendo legal un proceso lamentable en que finalmente los pobladores terminan pagando siempre.

Nuevamente, el Estado Chileno no se hace cargo del problema habitacional, relega a las instituciones privadas el rol regulador, y por tanto al Mercado y la competencia la decisión sobre la calidad de las obras de construcción y en consecuencia la calidad de vida de las personas, los procesos de ejecución de las obras implican que para que las empresas obtengan la utilidades que esperan, la calidad de la vivienda deba ser reducida al mínimo, a fin de reducir los costos de construcción y aumentar las ganancias, de este modo la construcción de casas para las personas de la clase trabajadora o de menor ingreso, está condicionada por la obligación de acceder a un subsidio que financia a una empresa en particular y que constituye uno de los pilares fundamentales de la Economía de Libre mercado, el negocio inmobiliario por ende se retroalimenta de la generación de la necesidad y en consecuencia, de la nueva demanda.

Valparaíso

“Yo les quiero contar lo que he observado para que nos vayamos conociendo, el habitante encadenó las calles la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio, por ahí paso la muerte tantas veces la muerte que enlutó a Valparaíso y una vez más el viento como siempre limpió la cara de este puerto herido.”

Fragmento de lo que para muchos es la canción que mejor representa a Valparaíso, aporte del Gitano Rodríguez a nuestra humanidad.

Subimos al cerro el Litre a eso de las 10 de la mañana después del desastre, escombros, desolación y un espectáculo sin precedentes. Estudiantes de todas las universidades aportando al proceso de reconstrucción, un total según cifras oficiales de 2.900 viviendas destruidas y caso 12.500 personas afectadas es el saldo oficial de un siniestro sin precedentes.

La comuna de Valparaíso, en proyección de Censo de 2010, cuenta con alrededor de 294.848 habitantes y una cantidad aproximada de 91.192 viviendas, donde la mayoría de casas que alcanzo el siniestro estaban emplazadas en sectores de bajo nivel socioeconómico, la auto construcción, el reciclaje de materiales portuarios son básicos en la estructura de las viviendas en cerros con baja densidad de habitantes y lejos del plan.

Algunas de las conclusiones que se dieron al momento de trabajar en el área fueron que a pesar del incendio los pobladores no querían abandonar su lugar, lo que es muy obvio, la generación de “Topofilia” (el amor por el lugar) en conceptos de Yi-Futuan se hacen patentes en estas situaciones de catástrofes, se comprende muy bien ya que la consolidación de redes sociales, vecinales y barriales son un elemento fundamental en el hábitat urbano. La planificación urbana, la prevención, la generación de políticas que minimicen los efectos en momentos catastróficos, la educación sobre el hábitat y el cuidado de las quebradas, parte fundamental del proceso de reconstrucción, se invisibilza producto de la urgencia, la auto-construcción precaria y el asistencialismo.

Es muy preocupante el aumento del valor de los arriendos posterior al incendio, ya que este aumento no solamente afecta a los damnificados, sino que también a los estudiantes y otras personas que deberán asumir los costos que fijará la demanda, el mercado de arrendamientos eleva el valor de las plazas vacantes donde el subsidio de arrendamiento es quien pone el precio inicial de las viviendas. Este hecho no solamente marca al siniestro en Valparaíso sino que también se hace presente en Iquique donde los alquileres han triplicado su valor.

Pablo Loyola

Especialista en Planificación Urbana,

Universidad de Buenos Aires.

Geógrafo, UCV

Claudio Guerra

Estudiante Arquitectura,

Universidad Arturo Prat.